Los inmigrantes de la frontera sur enfrentan tiempos difíciles para obtener la ciudadanía a través de visas y tarjetas verdes, un problema importante en la inmigración de los EE. UU. El mes pasado, el presidente Joe Biden anunció su nuevo programa de inmigración para aceptar 30.000 migrantes por mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esto les permitirá ingresar al país y trabajar legalmente hasta por dos años.

Sin embargo, la Administración Biden declaró que negaría a los inmigrantes de estos países la posibilidad de solicitar asilo si cruzan la frontera sin autorización.

Como parte del programa, la Administración Biden comenzó a utilizar un mandato de salud de emergencia conocido como Título 42. Esta ley otorga a las autoridades federales el poder de negar la entrada de personas y productos a los EE. UU. La razón de esto se debe a los inmigrantes que podrían intentar ingresar ilegalmente ingresar al país, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que la cantidad de veces que los migrantes atrapados cruzaron ilegalmente la frontera se redujo en un 97 por ciento desde principios de diciembre de 2022. Ampliando aún más su uso del Título 42, la Administración Biden también abrió caminos legales para personas de esos países, lo que permite un permiso humanitario de dos años a los Estados Unidos.

“Estas medidas ampliadas de aplicación de la ley en la frontera están funcionando,” dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, un día después de que 20 estados republicanos presentaran una demanda contra las nuevas rutas, clasificándolas de “un nuevo programa de visas que permite que cientos de miles de extranjeros ingresen al país.” Estados Unidos que de otro modo no tienen base para hacerlo.”

La demanda argumenta que el programa es ilegal y que la disponibilidad de poder de libertad condicional en el gobierno federal es limitada. Dicen que la autoridad debe usarse caso por caso para beneficios públicos significativos.

Mayorkas no está de acuerdo y dice cuán incomprensible es que algunos estados busquen bloquear las medidas de cumplimiento que nos benefician, lo que podría causar una interrupción en la frontera sur. También mencionó que le gustaría evitar que los migrantes realicen viajes peligrosos a los EE. UU., ya que pueden encontrarse con contrabandistas y tener que cruzar a través de la selva. El potencial de ser negado si uno no aplica a través del proceso oficial puede resultar en menos intentos de migración ilegal.

Biden hizo referencia a un plan que presentó en los primeros días de su presidencia que repararía el “sistema de inmigración roto.” Esto incluye una política para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y proteger a los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que brinda protección temporal contra la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron a los EE. UU. cuando eran niños. Además, la Administración Biden está trabajando para proporcionar recursos como personal, transporte y apoyo médico a los funcionarios fronterizos.

Desde el 5 de enero, la Administración Biden ha aprobado la libertad condicional de 1700 inmigrantes a través de su programa de Inmigración de EE. UU., mientras que miles más esperan viajar a Estados Unidos. Esta nueva política puede remodelar la forma en que Estados Unidos maneja la inmigración y brindar mejores vidas a quienes vienen en busca de refugio desde sus países de origen.